Los tribunales matanceros, cumpliendo con el mandato del pueblo

Los tribunales matanceros, cumpliendo con el mandato del pueblo

Cuando el pasado 21 de marzo se reportó el primer caso positivo a la COVID-19 en Matanzas muchos se alarmaron, otros creyeron que era una gripe, pero la realidad es otra; a poco más de un mes de su aparición, ya se acumulan más de 170 contagiados con la enfermedad y la tendencia es al crecimiento, abarcando a 11 de los 13 municipios; concentrándose en Cárdenas y la capital provincial más del 80 % de los casos confirmados.

Esas cifras, por sí solas, debían ser suficientes para comprender y acatar el llamado que reiteradamente realiza la Dirección del país, a cumplir las medidas para evitar la infección, a lo que se suma la necesidad de observar un comportamiento cívico a la altura de las complejas circunstancias existentes.

Sin embargo, en la práctica, se producen en una parte de la población, manifestaciones de indisciplina social y delictivas provocando que, hasta la fecha, pese a la labor preventiva realizada por las autoridades de la provincia, encabezada por su Consejo de Defensa, hayan ingresado a los tribunales de justicia más de 90 procesos derivados de hechos cometidos por ciudadanos que, en muchos casos, al incumplir las medidas sanitarias dispuestas, ponen en riesgo la salud de los demás, irrespetan a los agentes del orden, a los conciudadanos que reclaman un adecuado comportamiento o, sencillamente, en lugar de dar muestras de solidaridad, cómo lo hace la inmensa mayoría del pueblo, lucran con sus necesidades más perentorias.

Por lo general, se trata de personas que no usan el nasobuco y, al ser requeridas por ello, desafían de manera grosera, irrespetuosa o agresiva a los agentes policiales y a otros conciudadanos; algunos han pretendido o logrado comercializar, al margen de la ley, productos de importancia para la población, tales como cloro, detergentes y los provenientes de la agricultura, entre muchos más.

Ante esta situación, los tribunales matanceros, cumpliendo con el mandato constitucional de impartir justicia en nombre del pueblo, ha condenado, por los delitos de propagación de epidemias, acaparamiento, receptación, desacato y actividades económicas ilícitas a 100 personas (hasta el 15 de mayo).

Del total de personas sancionadas, al 74 % se les ha impuesto penas que conllevan el encierro en centros penitenciarios, mientras que al resto se les aplica penas subsidiarias de la privación de libertad, que los mantienen bajo el control de la sociedad y vinculados a un centro laboral o han sido objeto de severas multas.

El objetivo del Estado y el Gobierno nunca será, en primer lugar, actuar coercitivamente, sino el de la prevención, el del acatamiento consciente de lo dispuesto; no obstante, para aquellos cuyos actos pongan en peligro o afecten el interés social, les está reservada la aplicación rigurosa de la ley, por los órganos e instituciones que tienen a su cargo esa misión. (Humberto David González Figueroa, Vicepresidente del Tribunal Provincial Popular de Matanzas)

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